La economía está al
servicio de la guerra tanto como la guerra está al servicio de la
economía: un entramado ideal de anulación sistemática de los
límites en una suerte de ciclo ininterrumpido. La acumulación de
capital militar, el recurso a la guerra como forma de activar la
economía, y como laboratorio, la apropiación de la ciencia para
ponerla al servicio de esta lógica, la sumisión de la producción
civil bajo la militar, la conversión de la clase política y de la
clase obrera en gestores, impulsores y colaboradores del complejo, la
participación del conjunto de la sociedad a través de la compra de
títulos, de la confianza depositada en los bancos que las sostienen,
etc. hace difícil identificar a los “enemigos”. La Patria es
una justificación más, un as en la manga que sirve, como muchos
otros intangibles enemigos, para justificar lo injustificable. Las
patrias las hacemos posible quienes pagamos impuestos. Por eso, lo
verdaderamente importante es que la presión impositiva siga
funcionando como hasta ahora, y que el flujo de dinero que va del
erario a las empresas privadas sirva para mantener los privilegios
del llamado “complejo militar-industrial y los satélites que se
mueven en la órbita de su conjunto. El actual complejo es una red
amplia, como un cáncer formado por numerosos nodos: los militares,
la clase política, sectores industriales, financieros, sindicatos,
organizaciones terno-científicas, universidades y una mirada de
accionistas privados y públicos.
Aunque los gastos del
Estado son un exceso —se miren por donde se miren— no es lo mismo
gastar en sostener este dispendio que en inversiones socialmente
útiles. La industria de guerra es improductiva por mucho que se
empeñen en decir que la industria militar repercute positivamente en
diversos usos civiles. Nos enfrentamos a una creciente militarización
de la economía, a una extensa red que coopta el gasto, genera Deuda
Pública y obliga a que queden subordinadas las demás necesidades.
La Defensa se está privatizando, y no hace falta pensar
exclusivamente en las compañías de seguridad privadas (como Segur
Ibérica) que custodian los atuneros en el Índico. Se está
privatizando con el dinero de las arcas del Estado, para que un
exiguo grupo de empresas (las cuatro que se llevan el 80% son EADS,
Santa Bárbara Sistemas, Navantia e Indra) sientan cuán rentable es
la industria militar. Reciben dinero para empezar a funcionar, a
devolver (si es que lo devuelven –pensemos en los 37.000 millones
de deuda de los llamados Programas Especiales de Armamento) sin
intereses (para ellos, pues el dinero nunca es gratis –aunque ya lo
hayamos pedido– y los intereses que no se les cobra a las empresas
se contabiliza como déficit, tarde o temprano Deuda Pública) cuando
hayan terminado la producción (a la que imputan sobre costes por las
razones más espurias), y con la garantía de que el comprador –el
Estado– siempre va a satisfacer las demandas de los militares y de
las policías, para que la fiesta no pare. Cuidado con nuestros
impuestos se financia el Gasto Militar, que nunca da abasto; al
gastar más de lo que le encomiendan, genera déficit; para financiar
el déficit se emite Deuda Pública; solicitamos dinero que nos
prestan los mercados u otros Estados que está sujeto a unos
intereses –ahora muy altos, pues el Estado está cerca de ser
considerado una basura–, por lo que debemos el dinero prestado y
los intereses; para pagar los intereses de estos préstamos tenemos
que pedir más préstamos, y así hasta la suspensión de pagos,
pues, ¿qué es el Estado sino una empresa? Todo para que un reducido
grupo del sector privado que produce “tecnologías para la
defensa”, venda a nuestro Estado (sí, es nuestro; somos quienes lo
hacemos posible) y a otros Estados, que falsearán sus cuentas de
Gasto Militar, generarán déficit que financiarán con Deuda
Pública… ad infinitum. El déficit es condición necesaria del
capitalismo, que por definición es un sistema que genera deuda; la
deuda es un instrumento financiero que permite a los grandes
capitales incrementar las ganancias de forma exponencial en un
período de tiempo muy corto y con unas enormes garantías –el
deudor es el Estado, formado por millones de contribuyentes–. La
lógica del beneficio ya no está en el segmento dinero-mercancía,
sino en el de dinero-dinero (prima). En estos tiempos que corren, en
los que se escucha cierto ruido de sables, la lucha contra los
profesionales de la violencia exige toda nuestra voluntad y
determinación.
José María Domínguez
