Reflexión

Hoy me toca hacer una reflexión profunda, sobre los hechos que están ocurriendo en Cataluña. Si el Gobierno Catalán supone que la Unión Europea lo tiene que salvar y defender ante el Gobierno del Estado Español, es una postura totalmente infantilita.  La simple y cruda realidad es que a la Unión Europea no le impresionan mucho los referéndums ni los movimientos populares. Con el intento de referéndum catalán el asunto tiene pocos secretos. La UE nunca se pondrá del lado de las aspiraciones populares, incluso si estas estuvieran unidas al 80% y dirigidas por políticos hábiles, lo que no es el caso. Dejando de lado el consensuado divorcio checoslovaco, que no contradijo ningún interés esencial, la actitud de la UE hacia los separatismos ha venido siempre guiada por el mismo norte: favoreció la independencia de Kosovo, incluso militarmente, pero se opuso a otros separatismos en Abjasia, Osetia o en Crimea.

El problema catalán no es más que un juego de élites, una manipulación de la ciudadanía por dos grandes familias burguesas que ha estado utilizándose la una a la otra desde hace décadas. En esta perspectiva la escalada de tensión entre Madrid y Barcelona no respondía más que a la utilización de los desfalcos del adversario para ocultar los propios, mientras que, a la vez, ambas partes pactaban así les convenían o lo tenían por necesario

Las dimensiones. La amenaza de detener y perseguir penalmente más de 700 alcaldes, aunque sólo sea por la cifra, asusta. La segunda, las personas afectadas por esta represión. Los últimos años anarquistas, sindicalistas, miembros de la izquierda independentista y militantes de lo que hasta hace poco se denominaban movimientos sociales alternativos hemos afrontado procesos penales e, incluso, periodos de prisión. Actualmente, esta represión afecta a gente que hasta ahora era “normal”, en términos del propio sistema. De hecho, todavía diría más, se dirige preferentemente de momento a cargos electos, miembros de las propias instituciones (que, curiosamente, a menudo nos han reprimido). Es decir, la represión del estado se ha girado contra quien, hasta hace poco, nunca habría esperado ser víctima. Y esto, mis vecinos y vecinas y compañeros y compañeras de trabajo lo perciben. En cierta medida, que se persiguiera a un militante social, con cabellos largos, pendientes y “pintas” entraba dentro de la normalidad, dentro de aquel “se lo han buscado”. Ahora, en cambio, la situación sorprende. Y sitúa al propio sistema institucional en una profunda pérdida de credibilidad. Si lo que pasa no es lógico (dentro de la lógica que el propio sistema político nos había vendido hasta hace poco).

Algunos militantes de movimientos sociales nos encontramos en una situación que no acabamos de saber muy bien cómo resolver. Por un lado, no nos convence demasiado eso de construir a una república sin mayores detalles. Preferíamos un compromiso más explícito con la revolución social de esta ruptura con el Estado español. Por otra o, y quizás todavía más importante, nos desagrada ver como este proceso de aparente ruptura se ha construido como un choque entre legalidades (española versus catalana) y se deja la iniciativa a los respectivos gobiernos, declaraciones parlamentarias y mecanismos institucionales. Todo ello en medio de una población que, básicamente reducida a un rol de espectadores, se nos mantiene quieta en nuestras respectivas casas. Es decir, que el supuesto poder de decidir se reduce, una vez más, a depositar puntualmente una papeleta en una urna. Y nada más. Una cosa y la otra nos alejan de comprometernos activamente con lo que está pasando en torno a la convocatoria de referéndum del día 1 de octubre. Y no porque no creamos en la necesidad de auto determinarnos como pueblo, sino porque tenemos serias dudas de que esta sea una vía real para hacerlo. Personalmente, no puedo ni quiero cerrar los ojos. Un estado, con su fuerza, pone en marcha un aparato represivo de unas dimensiones descomunales. Normaliza los registros por parte de policías tantos estales como autonómicas. Y que jueces y fiscales dicten lo que se puede y no se puede hacer.  Un nuevo recorte de derechos. Lisa y llanamente. Unos y otros como siempre hace la burguesía, manipular al pueblo.

La cancion del pueblo. Los Miserables musical de Madrid

GARANTIAS

Las garantías no son instrumentos técnicos y neutrales, son instrumentos ideológicos en disputa que operan en el seno de las contradicciones democráticas y sociales, al hablarse de la falta de garantías del referéndum, se combinan dos aspectos: en primer lugar, se afirma que no existen garantías en un sentido procedimental de las mismas; esto es que no existirían garantías de que se puedan abrir todos los colegios electorales, de que todas las personas puedan votar libremente, de una campaña electoral en igualdad de condiciones, etc. Y, en segundo lugar, lo anterior se combina afirmando que tampoco hay garantías en un sentido sustantivo de las mismas; esto es, que el proceso no garantiza que a su fin se protejan los derechos a las mayorías sociales, sino más bien lo contrario. Al ser, supuestamente, un proceso dirigido por la burguesía neoliberal catalana, se acabaría imponiendo un régimen de desmantelamiento de servicios y derechos sociales más salvaje que el actual. Por mucho que la CUP defienda dicho proyecto, está contraviniendo su propia ideología de lucha de clase. La visión primaria conservadora ha presentado, históricamente, el Derecho como algo desvinculado de la moral, como si éste fuera algo fuera de  la historia fruto de una trascendente visión compartida en la comunidad, ajeno de las personas que lo redactan e interpretan y de la coyuntura social en que lo hacen. El Derecho encontraría en sí mismo su propio fundamento, sería universal, neutral, técnico, incuestionable y por tanto, debe respetarse y cumplirse. La razón por la cual la burguesía construye tal visión del Derecho y las garantías es obvia: si uno tiene el monopolio de determinar las normas de una sociedad y de los instrumentos para garantizar su realización o no, tiene el control de la misma. Y si, además, es capaz de hacer pensar a la gente que solo hay un único derecho neutral y unas únicas garantías para hacerlo efectivo, las del Poder, elimina la posibilidad en los ciudadanos de ampliar los márgenes de lo pensable política, económica y socialmente fuera de las fronteras de su dominio.

La izquierda ha tenido, tradicionalmente, una concepción pluralista del Derecho y las garantías. La legalidad y la seguridad jurídica no es algo a defender por sí mismo y que no se pueda transgredir, como si el Derecho fuera algo separado de la moral y que no dependiera de las personas. Toda Constitución y ley son creadas por legisladores e interpretadas por jueces con una ideología determinada en una coyuntura determinada, que son defendibles en aquellas partes que, de acuerdo con los principios éticos de democracia y dignidad humana, sean justos, pero que en sus otras partes injustas no son defendibles sino atacables. Lo mismo que el derecho es un campo de batalla, las garantías también lo serán. Las garantías no son instrumentos técnicos y neutrales, son también instrumentos ideológicos en disputa que operan en el seno de las contradicciones democráticas y sociales. El argumento de que el proceso autodeterminación no es más que una estrategia de la burguesía catalana, secundada por un pueblo sin autonomía, como cortina de humo de la corrupción, y por tanto su fin se dirige no a garantizar sustantivamente los derechos de las clases populares sino a su desmantelamiento. 

Ni las instituciones y el Derecho son objetos pasivos que son usados por el presidente de un gobierno cuando quiera para lograr los fines que quiera. Ni la sociedad es un ente sin autonomía que secunda ciegamente la estrategia del Gobierno. La compleja articulación de los diversos aparatos institucionales y de sus ramas, con mayorías y minorías distintas en el interior de cada uno de ellos, así como la movilización popular y su presión sobre el Poder, supone que el hecho de que un partido de derechas tenga la presidencia del gobierno no implica que pueda controlar el contenido de todas las leyes que se emiten.

Para que “la sangre no llegara al rio” lo único coherente seria que el pueblo catalán, pudiera celebrar un referéndum con toda la garantía legal y autorizada por el Estado Español, sin injerencias de ningún tipo.  Una alternativa real hoy sería una España formada por Estados Federales. Y estas tendrían todas las garantías.

José María Domínguez