La presión impositiva sobre el conjunto de esas fortunas se sitúa en el 0,16%, un tipo efectivo 95 veces inferior a la media del país (15,2%), en el que el IVA arroja uno del 15,3%, el IRPF otro del 12,8% y Sociedades uno del 9,2%.
Entre los motivos de esas exenciones, recogidas en la ley estatal aunque se trate de un tributo de gestión autonómica, destacan dos: que se trate de edificios monumentales catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC) o figuras similares, algo que conlleva una obligación a menudo incumplida de abrir las puertas al público de manera gratuita un mínimo de cuatro días al mes, y la de acciones de empresas, que supone la principal partida.
Las
exenciones por BIC afectan a fincas por 23.180 millones de euros dentro de una
cartera inmobiliaria de 138.013, con solo 4.390 de ellos de tipo rústico,
mientras las de las acciones benefician a más de la mitad del total: 17.629
millones de 141.526 de empresas cotizadas y 240.234 de 366.272 de sociedades
ajenas a la bolsa siempre que no sean instrumentales.
La
presión fiscal que soportan las fortunas de los más ricos de España, los
177.931 contribuyentes (o no tan pagadores) que poseen patrimonios de más de
700.000 euros (400.000 en Aragón) en edificios, tierras, acciones, rentas,
concesiones, joyas, coches y barcos de lujo y obras de arte, resulta más bien
liviana: más de la mitad de esa riqueza, que en los últimos años crece a un
ritmo netamente superior al del PIB, está libre de impuestos mientras pagan por
el resto apenas un 0,38% anual, según indica la última Estadística de los
Declarantes del Impuesto de Patrimonio de la Agencia Tributaria.
El
42% de los 687.893 millones de euros que suman esas fortunas, 290.656, se
encuentran directamente exentos de tributar por efecto de la normativa estatal,
mientras que los propietarios de bienes por otros 106.613 lo hacen en Madrid
con una bonificación autonómica del 100% en la cuota a ingresar, medida de la
que también se benefician, aunque con menor intensidad, los propietarios de
bienes por valor de otros 4.260 millones en La Rioja
El
tratamiento fiscal de este descomunal patrimonio, cuya valoración equivale a
más de la mitad del PIB español, del que tan solo una mínima parte (11.966
millones, 1,73%) está afecto a actividades económicas y que durante los años de
la recuperación previos a la pandemia llegó a registrar crecimientos de más del
8% anual en otra prueba del nueve del insoportable avance de la
desigualdad en España, parece abocado a
cambios a corto o medio plazo vistos los efectos de la pandemia sobre las
cuentas públicas, con una caída de la recaudación; en las empresas, con dos de
cada cinco en pérdidas al cierre del primer semestre según los datos del Banco
de España, y en las familias, con desplomes de las rentas que rondan el 20% en
las clases medias y con una inquietante extensión de la pobreza y la escasez
por debajo de ese nivel, en el que más de un millón y medio de personas han
necesitado ayuda para poder comer..
El
impuesto de Patrimonio y el de Sucesiones, de titularidad estatal pero cuya
gestión lleva décadas cedida a las comunidades autónomas, se perfilan, junto
con el IRPF de las rentas más altas, como dos de los principales candidatos a
generar ingresos para las administraciones en el marco de unas reformas
tributarias que considera urgentes la Comisión para la Reconstrucción Social y
Económica, cuyas recomendaciones consideran «preciso actuar, tanto en el corto
como en el medio plazo, con el objetivo de reformar nuestro sistema fiscal con
un único objetivo: garantizar la pervivencia y la solidez de nuestro sector
público, y especialmente fortalecer nuestro gasto público social.
En
cualquier caso, y mientras la mayoría de las comunidades autónomas aboga por
una armonización de los impuestos cedidos ante la que Madrid ofrece la
principal nota discordante con bonificaciones de más de mil millones de euros
al año a las rentas y los patrimonios más elevados y anuncios de nuevas rebajas
fiscales, el ejecutivo dispone de dos vías relativamente sencillas: el recargo
estatal o el rescate, ya sea temporal o, como lo que hizo el Gobierno de
Mariano Rajoy con el tributo que grava los Hidrocarburos en 2018, definitivo.
Harina de otro “costal” es encontrar el
procedimiento para retocarlos, algo en lo que, según distintas fuentes, llevan
tiempo trabajando en el Ministerio de Hacienda. En Madrid se ha dejado de
recaudar más de 900 millones al año en Patrimonio que se regalan a poco más de
12.000 personas. Nos hace falta una política financiera social e igualitaria
estatal que las diferentes autonomías no tengan ningunas diferencia entre ellas
al aplicar la política fiscal, favoreciendo a los menos afortunados de nuestra
sociedad.
JMDR
