CENSURA

La pandemia también ha puesto en evidencia la crisis de la construcción de la Unión Europea, la desigualdad existente en su seno, la persistencia y agudización en su seno de las pulsiones a favor del Estado-nación como si de una categoría universal y eterna se tratase y la incapacidad de sus estructuras institucionales formales (Parlamento, Consejo Europeo, Comisión y BCE) e informales (Eurogrupo) para responder de forma eficaz y coordinada ante la crisis sanitaria, económica y social sobrevenida. Pero también puso de relieve la inoperancia de las reglas de oro del liberalismo hegemónico por lo que tuvo que suspenderse provisionalmente la aplicación del Pacto de Estabilidad en lo referente a la contención estricta al déficit fiscal y los niveles de endeudamiento público. Reglas que no solo trajeron grandes sufrimientos populares después de la crisis de 2007/2008 sino que tampoco se pueden justificar por haber fortalecido y blindado la economía comunitaria; reglas que en el momento crítico de la pandemia y recesión, cuando podían demostrar su utilidad social y sus efectos de los ciclos, también han tenido que ser puesta en cuarentena por. Al Estado español le han correspondido 140.000 millones. De los cuales unos 68.000 son en créditos que tendrá que devolver en las condiciones y con los intereses que los prestamistas establezcan y unos 72.000 que serán ayudas cuyos fondos que no tendrá que pagar directamente el gobierno español, pero sí contribuir de forma proporcional a la amortización de dichas ayudas junto al resto de socios comunitarios. Estas ayudas no serán propiamente subvenciones porque se nutrirán de emisiones de bonos a colocar en los mercados de forma mancomunada por medio de Comisión europea, cuya devolución por la UE estará gravada con intereses. contraproducentes.

Todo ello bajo ciertas condiciones y sometido a control de la Comisión Europea que se afirma “pedirá la opinión del Comité Económico y Financiero sobre el cumplimiento satisfactorio de los hitos y objetivos pertinentes»; comité que está formado por representantes de los Tesoros y bancos centrales, la élite de la inteligencia neoliberal. ¡Atención! Un país puede poner trabas al uso del dinero recibido por otro si ve peligrar sus intereses o sectores estratégicos, lo que puede alargar el proceso de recepción o incluso impedirlo en ciertos destinos. Y, lo que es peor, nadie ha erradicado, bien al contrario, las exigencias neoliberales de ataques al sistema público de pensiones exigiendo su “racionalización” a la baja para permitir, a su vez, el despliegue de los planes y seguros privados.

Más de una cuarta parte de la población en España (un 26,1%) vive en condiciones de riesgo de pobreza y exclusión social, un dato que pone a este país entre los que tienen menor sensibilidad social en la Unión Europea de los Quince –UE-15– (el grupo de países más ricos de la UE). Y esta situación es incluso peor entre las criaturas, niños y niñas y adolescentes menores de 16 años, entre los cuales la pobreza es incluso mayor (28,8% de la población con estas edades). La diferencia entre los niveles de pobreza en todos estos grupos etarios en España y los niveles para cada grupo correspondiente con el promedio de la UE-15 es notable (en la UE-15 dichas tasas son, respectivamente, cinco y seis puntos más bajos). Y con los países con mayor sensibilidad social en la UE-15, como Suecia (uno de los países de tal comunidad de naciones con menos pobreza), la diferencia es enorme (en el caso de Suecia, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social es ocho puntos más baja que la española para el conjunto de la población, y para los menores de 16 años).

Todo esto conlleva un ocultamiento de la realidad, lo que en realidad una censura como tal es profundamente antidemocrática, ya que coarta la libertad de expresión, manipula la libertad de pensamiento, elimina la capacidad de analizar, objetivar y criticar una acción establecida. Son muchas las personas y organismos que, con el fin de no “ofender” a una parte de la población, practican la autocensura, evitando así ser atacados por los “ofendidos”.

Nueva Realidad

Después del triunfo incontestable del dogma de la austeridad presupuestaria, tras la crisis económica de 2008, de la noche a la mañana se ha erigido un amplio acuerdo sobre la urgente necesidad de que sean los poderes públicos los que ejerzan ahora de motor de la reactivación económica. Este hecho, de una importancia de época por sí solo, rompe algunos de los candados que habían echado el cierre a la disputa del sentido común que se dio tras el colapso financiero. Las líneas rojas de antaño, presentadas como infranqueables, ahora se sobrepasan sin mayores sobresaltos. El desplome de los ingresos públicos -provocado por la paralización de una parte importante de la actividad económica- y las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno para enfrentar las consecuencias más graves e inmediatas de la pandemia han sido responsables de un rápido aumento en los marcadores de déficit y deuda públicos. En este contexto de excepcionalmente, la Comisión Europea ha decidido suspender la obligación de cumplir el Pacto por la Estabilidad y el Crecimiento, ampliándose de esta manera el margen de actuación de los gobiernos.

Contenido, al menos por el momento, el rápido avance de la enfermedad,ahora toca “reconstruir” (utilizando el término al uso) una economía gravemente dañada. Existe un denominador común en defender que en el centro de la agenda política tiene que estar el gasto público, que en estos meses ha aumentado con rapidez. Casi nadie defiende, al menos en un horizonte cercano, el retorno a la camisa de fuerza de la austeridad fiscal; si bien ya se escuchan voces -por ejemplo, los informes recientes del Banco de España y del Fondo Monetario Internacional- que advierten de que, más adelante, el creciente “desorden en las finanzas públicas” deberá ser corregido; mensajes que ponen de manifiesto que las políticas de ajuste presupuestario están muy presentes en el pensamiento conservador.

Las finanzas públicas están en el centro de la agenda política, catalizando buena parte del debate y de las tomas de posición de los actores en liza. Miran en dirección al Estado -y también a las instituciones comunitarias- pidiendo la aplicación de políticas de signo marcadamente expansivo que permitan enfrentar una crisis económica y social de proporciones históricas, que, a pesar de los cantos de sirena sobre una cercana recuperación, se prolongará en el tiempo y tendrá, ya está teniendo, efectos devastadores. Qué lejos en la memoria -que no en el tiempo- queda la obsesión austeritaria. Cuando el centro de las políticas económicas y la quintaesencia del buen gobierno eran la contención y reducción del déficit y la deuda públicos; cuando las instituciones comunitarias vigilaban y penalizaban a los gobiernos díscolos, especialmente a los del Sur; cuando los partidos del establishment -tanto de izquierda como de derecha- aceptaban, sin mayores problemas, la lógica del ajuste presupuestario permanente, atribuyendo al mismo todo tipo de efectos beneficiosos.

La cuestión clave, la piedra de toque de un gobierno verdaderamente progresista, reside en exigir a los de arriba que contribuyan, en proporción a su riqueza y a sus beneficios, al esfuerzo presupuestario necesario para superar la recesión y sentar las bases de una nueva economía basada en la equidad y la sostenibilidad.

El viraje hacia la intervención pública expansiva reabre (o debería reabrir) la ventana política de oportunidad para introducir planteamientos, en términos de economía política, radicalmente distintos a los hegemónicos en la última década. Como decíamos antes, si ahora casi nadie niega la pertinencia de renunciar a la austeridad en el gasto público, el parteaguas de esta historia ha de situarse en torno al quién ha de aportar los recursos fiscales que el Estado necesita. Y en esta historia, las fuerzas progresistas deben tener un papel decisivo.

Renunciar a situar este asunto en el eje del debate y de la acción política nos hace más débiles; además, se traslada a la ciudadanía el mensaje equivocado, el de que se puede superar la crisis sin redistribuir. Cuando, precisamente, esta es la clave; cuando, en realidad, ya se está operando esa redistribución, pero hacia arriba: los ricos cada vez más ricos, y el trabajador cada día más pobre.