De ahí que cabría
hablar más de un auténtico plebiscito al plantear lo que se dirime en los
debates de la Comunidad de Madrid. Y ello por lo que supuestamente está en
juego. No estamos ante una alternativa a la vieja usanza del bipartidismo
dinástico hegemónico, actitud que prevaleció en la política española hasta el
estallido de la crisis financiera del 2008 y las consecuencias
económico-sociales que la consiguiente Gran Recesión desató. Tampoco en la
dinámica ideológica tradicional izquierda-derecha, o al menos no en sus
connotaciones habituales. Ni siquiera en el vaivén arriba-abajo que puso de
moda la nueva política tras la llegada de Podemos a las instituciones con su
tesis del significante vacío. Lo que en teoría se ha ventilado el 4M, en plena pandemia sanitaria y laboral,
es un compendio condensado de todas esas variables vectoriales. La máxima
expresión atronadora del doble antagonismo izquierda-derecha y arriba-abajo. Si
hay que aceptar el veredicto del tumulto imperante, de lo que se trata es de elegir
entre fascismo o democracia (o, en su envés, entre comunismo y libertad).
El planteamiento sería el siguiente. El partido Vox, surgido en
las elecciones andaluzas de 2018, supondría la encarnación de ese fascismo que
la izquierda en el poder denuncia denodadamente. Un grupo euroescéptico de la
derecha populista, de porte xenófobo, homófobo y trumpista, liderado por
Santiago Abascal, antiguo concejal del Partido Popular (PP) en Euskadi.
Colectivo ultra que se ha encaramado como tercera fuerza en el Congreso de los
Diputados, por delante de Unidas Podemos (UP), a quien saca más de medio millón
de votos y 17 escaños. El inquietante sorpasso de esta extremaderecha habría
llegado a ser quien es gracias al apoyo determinante del PP, al que por otra
parte Vox condiciona parlamentariamente en varios gobiernos regionales (Andalucía,
Madrid o Murcia).
El trifachito constituido
por PP, Cs y Vox, las tres derechas de la foto de Colón con su discurso del
odio. Dos mundos distintos y distantes, separados por un abismo de
incomprensión y desencuentros. Dos categorías existenciales irreconciliables,
donde el adversario político pasa a ser considerado como el enemigo a batir y
no el simple disidente. Esa es la radiografía sobre la que se escrutaran los
resultados de las urnas el día de autos en la Villa y Corte. Conviene recordar
para mayor abundancia y precisión que en los muchos años en que los de Génova
13 han ostentado el gobierno de la nación, en algunas ocasiones disponiendo de
mayoría absoluta, nunca procedieron fascistamente, impidiendo su relevo en el
poder del Estado cuando la izquierda les destronó electoralmente. Que los
fundadores de Vox abandonaron el PP en protesta por la política blanda de
Marino Rajoy. Que los hinchas de Abascal no comparten grupo en la euro cámara
con los partidarios de Reconstrucción Nacional (RN) de Marine Le Pen y la Liga
Norte (LN) de Mateo Salvini. Y que en la actual España democrática, partidos
que muestran afinidad con la etapa franquista, como Falange o el propio Vox,
son legales y plenamente constitucionales. Porque tanto el PSOE como el PCE,
entonces claves en la oposición a la dictadura, así lo pactaron con los tardo franquistas
(aceptando al Rey designado por Franco como jefe de Estado y de las Fuerzas
Armadas; admitiendo el consenso con la UCD de Adolfo Suarez, el último
secretario general del Movimiento Nacional, el partido único del franquismo; y
vetando que los republicanos históricos pudieran concurrir a las primeras
elecciones libres de 1977). Aquel blanqueamiento de los posfranquistas se llamó
reconciliación nacional y forma ya parte de nuestra herencia recibida.
Una
versión humorística, pero no exenta de profundidad, la ha ofrecido Díaz Ayuso
al proponer a Ángel Gabilondo que vote a su favor en la investidura si tanto
desea levantar un cordón sanitario contra Vox. Incunable para las hemerotecas
que el dirigente socialista toreó repitiendo el mantra “Ni Vox ni Ayuso. Ni la
ultraderecha ni las políticas que blanquean a la ultraderecha”.
