sábado, 21 de abril de 2018

¿Que Reforma?


Que la reforma del Código Penal de PP, abría la puerta de la prisión para disidentes y críticos con el sistema. Puede ser terrorismo casi cualquier protesta que intente cambiar el orden establecido, desde el 15M o el 25S. El Estado en manos del PP ha puesto en marcha una campaña mediática y judicial para hacer creer que el secesionismo es violento. Eso permite deslegitimar su lucha y encarcelar preventivamente a sus líderes como peligrosos golpistas y juzgarlos luego como rebeldes para que les caiga la pena máxima. La idea perversa es acabar con un movimiento social masivo por la vía penal, en lugar de escuchar sus demandas. La idea es exasperarles para que entren en la violencia que justifique más represión. Lo hicieron con el 15M o las Marchas de la Dignidad, compararlos con ETA. Es un insulto a las víctimas del terrorismo y a este país que lo ha sufrido, equiparar tiros en la nuca y bombas con un corte de carretera, el vandalismo con un coche patrulla o el bloqueo de un edificio para impedir que entren las fuerzas del orden. También resulta aberrante pedir hasta 62 años de cárcel por delitos de terrorismo para los acusados de dar una paliza en Alsasua a dos guardias civiles y sus parejas. Incluso los informes policiales hablaban de delito de odio o atentado contra la autoridad. Después se ha construido una causa en la que se les acusa de formar parte de la estrategia de ETA de echar a la Guardia Civil de la zona. Aunque tuvieran esa motivación, un altercado en un bar de madrugada no es un acto premeditado de una banda organizada para infundir terror. Al revés sí está pasando, el Estado metiendo miedo a los grupos que le incordian: separatistas, comunistas, subversivos…
El problema es que defender a los corruptos propios, se lo toman como una labor natural, cuando es desde todo punto de vista, una incoherencia entre los postulados que dicen defender (para engañarnos a los votantes) y la actitud que practican. Que el presidente, muy cuestionado por los famosos sobres, cuestionado por defender a los corruptos de sus propias filas, y su liviandad para con los que cometen actos impropios de funcionarios públicos en sus filas, parece que no se percatara que el mismo alienta el desorden, el mismo se desautoriza, así como pervierte el orden institucional que dice representar. Casi parece ser todo, una gran obra de teatro permanente. Un presidente que luego reclama el respeto a la constitución por parte de los catalanes que se quieren independizar, por lo cual, resulta muy difícil de comprender que quién se desautoriza a sí mismo, -no actuando con determinación y con tono ejemplarizante frente a los hechos que ensucian las instituciones-, esté capacitado para reclamar decencia a los demás, cuando no lo practica en su casa. Muchos independentistas lo son, en virtud de grado de desazón que genera esta España que es gobernada por un partido cuestionado permanentemente por su indecencia colectiva en sus filas. Del PP, no se puede pedir otra cosa que no sea hipocresía y mentira.
La mayoría de las conquistas sociales y políticas a lo largo de la historia, lo han sido con lucha y protesta, con sudor y lágrimas, muchas de ellas partiendo de ilegalidades, que no es el caso. Y viene a cuento tras la liberación de la activista de los Comités de Defensa de la República, a quien le imputaban delitos de terrorismo y rebelión, por manifestarse en el procés en Catalunya. A este paso, faltan poco para que acusen de terrorismo a los pensionistas, que defienden el futuro de las pensiones. ¿Terrorismo y rebelión, por protestar? El Gobierno ha perdido la razón, algunos jueces el sentido de la justicia y la ciudadanía nuestros derechos.  La democracia no consiste solamente en participar en un periodo de tiempo determinado, votando en elecciones generales, autonómicas y municipales. La democracia es participación, y cuanta más participación, mayor calidad adquiere el Sistema. La Constitución mandata a los poderes públicos para que promuevan las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, así como remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Cuando un gobierno no tiene la legitimidad de la mayoría social y además se desentiende de proteger y regular derechos que la Constitución promueve; la ciudadanía desprotegida adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita.
Todo está claro como la noche clara. Se ha subvertido el sistema democrático; se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Se han roto las reglas de juego y se pretende que solo una de las dos partes las siga respetando. El sistema ha abandonado a la ciudadanía. Cuando se producen injusticias, es el tiempo de la reivindicación y la protesta, sin contemplaciones.


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