El Real Decreto ley
16/2012, sobre medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (en
adelante RDL 16/2012), supone un cambio de modelo en el Sistema Nacional de
Salud, algunos cuidados, los que caigan
dentro de la cartera común básica, serán con cargo a fondos públicos; otros,
los que caigan en las otras dos carteras (común suplementaria y común de
servicios accesorios), exigirán repago. El transporte sanitario no urgente se
ha colocado en la cartera común suplementaria. Las personas que necesiten de
este tipo de transporte tendrán que abonar 5 euros por trayecto hasta un máximo
de 20 euros si tienen rentas entre 18.000 y 100.000 euros (la cifra sube a 60
euros si se sobrepasa los 100.000 euros de renta y baja a 10 euros si se cobra
menos de 18.000 euros al año). Además, el Ministerio también está abordando los
porcentajes de repago para pacientes con necesidades de alimentación especial y
la prestación ortoprotésica. No podemos olvidar que este Real Decreto Ley
introdujo también el repago farmacéutico. Este decreto y que abren la puerta a
ese cambio de modelo: la división de las personas entre aseguradas y no
aseguradas. Han hecho un cambio de modelo, pues, porque la sanidad deja de ser
universal (no todas las personas tienen acceso a ella) y deja de ser un bien
repartido con equidad (no todas las personas tienen acceso a ella en igualdad
de condiciones). Introducido, además, por la vía de urgencia y utilizando
mentiras para legitimarlo. Los representantes de la administración lanzan
mensajes vinculando el derecho a la sanidad pública con las cotizaciones a la
Seguridad Social, cuando desde el año 1999 son los impuestos de todos y todas,
incluidas las personas sin tarjeta de residencia que pagan impuestos indirectos
como el IVA, los que sostienen el Sistema Nacional de Salud. El PP se está
cargando por completo el estado del bienestar ya es hora que el pueblo salga a luchar por lo que
les están robando y nuestra obligación y
la obligación de todos los ciudadanos es presentar un frente cívico para
revocar unas decisiones que solo favorecen a los más ricos.
José
María Domínguez
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