GARANTIAS

Las garantías no son instrumentos técnicos y neutrales, son instrumentos ideológicos en disputa que operan en el seno de las contradicciones democráticas y sociales, al hablarse de la falta de garantías del referéndum, se combinan dos aspectos: en primer lugar, se afirma que no existen garantías en un sentido procedimental de las mismas; esto es que no existirían garantías de que se puedan abrir todos los colegios electorales, de que todas las personas puedan votar libremente, de una campaña electoral en igualdad de condiciones, etc. Y, en segundo lugar, lo anterior se combina afirmando que tampoco hay garantías en un sentido sustantivo de las mismas; esto es, que el proceso no garantiza que a su fin se protejan los derechos a las mayorías sociales, sino más bien lo contrario. Al ser, supuestamente, un proceso dirigido por la burguesía neoliberal catalana, se acabaría imponiendo un régimen de desmantelamiento de servicios y derechos sociales más salvaje que el actual. Por mucho que la CUP defienda dicho proyecto, está contraviniendo su propia ideología de lucha de clase. La visión primaria conservadora ha presentado, históricamente, el Derecho como algo desvinculado de la moral, como si éste fuera algo fuera de  la historia fruto de una trascendente visión compartida en la comunidad, ajeno de las personas que lo redactan e interpretan y de la coyuntura social en que lo hacen. El Derecho encontraría en sí mismo su propio fundamento, sería universal, neutral, técnico, incuestionable y por tanto, debe respetarse y cumplirse. La razón por la cual la burguesía construye tal visión del Derecho y las garantías es obvia: si uno tiene el monopolio de determinar las normas de una sociedad y de los instrumentos para garantizar su realización o no, tiene el control de la misma. Y si, además, es capaz de hacer pensar a la gente que solo hay un único derecho neutral y unas únicas garantías para hacerlo efectivo, las del Poder, elimina la posibilidad en los ciudadanos de ampliar los márgenes de lo pensable política, económica y socialmente fuera de las fronteras de su dominio.

La izquierda ha tenido, tradicionalmente, una concepción pluralista del Derecho y las garantías. La legalidad y la seguridad jurídica no es algo a defender por sí mismo y que no se pueda transgredir, como si el Derecho fuera algo separado de la moral y que no dependiera de las personas. Toda Constitución y ley son creadas por legisladores e interpretadas por jueces con una ideología determinada en una coyuntura determinada, que son defendibles en aquellas partes que, de acuerdo con los principios éticos de democracia y dignidad humana, sean justos, pero que en sus otras partes injustas no son defendibles sino atacables. Lo mismo que el derecho es un campo de batalla, las garantías también lo serán. Las garantías no son instrumentos técnicos y neutrales, son también instrumentos ideológicos en disputa que operan en el seno de las contradicciones democráticas y sociales. El argumento de que el proceso autodeterminación no es más que una estrategia de la burguesía catalana, secundada por un pueblo sin autonomía, como cortina de humo de la corrupción, y por tanto su fin se dirige no a garantizar sustantivamente los derechos de las clases populares sino a su desmantelamiento. 

Ni las instituciones y el Derecho son objetos pasivos que son usados por el presidente de un gobierno cuando quiera para lograr los fines que quiera. Ni la sociedad es un ente sin autonomía que secunda ciegamente la estrategia del Gobierno. La compleja articulación de los diversos aparatos institucionales y de sus ramas, con mayorías y minorías distintas en el interior de cada uno de ellos, así como la movilización popular y su presión sobre el Poder, supone que el hecho de que un partido de derechas tenga la presidencia del gobierno no implica que pueda controlar el contenido de todas las leyes que se emiten.

Para que “la sangre no llegara al rio” lo único coherente seria que el pueblo catalán, pudiera celebrar un referéndum con toda la garantía legal y autorizada por el Estado Español, sin injerencias de ningún tipo.  Una alternativa real hoy sería una España formada por Estados Federales. Y estas tendrían todas las garantías.

José María Domínguez