viernes, 22 de septiembre de 2017

Reflexión

Hoy me toca hacer una reflexión profunda, sobre los hechos que están ocurriendo en Cataluña. Si el Gobierno Catalán supone que la Unión Europea lo tiene que salvar y defender ante el Gobierno del Estado Español, es una postura totalmente infantilita.  La simple y cruda realidad es que a la Unión Europea no le impresionan mucho los referéndums ni los movimientos populares. Con el intento de referéndum catalán el asunto tiene pocos secretos. La UE nunca se pondrá del lado de las aspiraciones populares, incluso si estas estuvieran unidas al 80% y dirigidas por políticos hábiles, lo que no es el caso. Dejando de lado el consensuado divorcio checoslovaco, que no contradijo ningún interés esencial, la actitud de la UE hacia los separatismos ha venido siempre guiada por el mismo norte: favoreció la independencia de Kosovo, incluso militarmente, pero se opuso a otros separatismos en Abjasia, Osetia o en Crimea.
El problema catalán no es más que un juego de élites, una manipulación de la ciudadanía por dos grandes familias burguesas que ha estado utilizándose la una a la otra desde hace décadas. En esta perspectiva la escalada de tensión entre Madrid y Barcelona no respondía más que a la utilización de los desfalcos del adversario para ocultar los propios, mientras que, a la vez, ambas partes pactaban así les convenían o lo tenían por necesario
Las dimensiones. La amenaza de detener y perseguir penalmente más de 700 alcaldes, aunque sólo sea por la cifra, asusta. La segunda, las personas afectadas por esta represión. Los últimos años anarquistas, sindicalistas, miembros de la izquierda independentista y militantes de lo que hasta hace poco se denominaban movimientos sociales alternativos hemos afrontado procesos penales e, incluso, periodos de prisión. Actualmente, esta represión afecta a gente que hasta ahora era “normal”, en términos del propio sistema. De hecho, todavía diría más, se dirige preferentemente de momento a cargos electos, miembros de las propias instituciones (que, curiosamente, a menudo nos han reprimido). Es decir, la represión del estado se ha girado contra quien, hasta hace poco, nunca habría esperado ser víctima. Y esto, mis vecinos y vecinas y compañeros y compañeras de trabajo lo perciben. En cierta medida, que se persiguiera a un militante social, con cabellos largos, pendientes y “pintas” entraba dentro de la normalidad, dentro de aquel “se lo han buscado”. Ahora, en cambio, la situación sorprende. Y sitúa al propio sistema institucional en una profunda pérdida de credibilidad. Si lo que pasa no es lógico (dentro de la lógica que el propio sistema político nos había vendido hasta hace poco).
Algunos militantes de movimientos sociales nos encontramos en una situación que no acabamos de saber muy bien cómo resolver. Por un lado, no nos convence demasiado eso de construir a una república sin mayores detalles. Preferíamos un compromiso más explícito con la revolución social de esta ruptura con el Estado español. Por otra o, y quizás todavía más importante, nos desagrada ver como este proceso de aparente ruptura se ha construido como un choque entre legalidades (española versus catalana) y se deja la iniciativa a los respectivos gobiernos, declaraciones parlamentarias y mecanismos institucionales. Todo ello en medio de una población que, básicamente reducida a un rol de espectadores, se nos mantiene quieta en nuestras respectivas casas. Es decir, que el supuesto poder de decidir se reduce, una vez más, a depositar puntualmente una papeleta en una urna. Y nada más. Una cosa y la otra nos alejan de comprometernos activamente con lo que está pasando en torno a la convocatoria de referéndum del día 1 de octubre. Y no porque no creamos en la necesidad de auto determinarnos como pueblo, sino porque tenemos serias dudas de que esta sea una vía real para hacerlo. Personalmente, no puedo ni quiero cerrar los ojos. Un estado, con su fuerza, pone en marcha un aparato represivo de unas dimensiones descomunales. Normaliza los registros por parte de policías tantos estales como autonómicas. Y que jueces y fiscales dicten lo que se puede y no se puede hacer.  Un nuevo recorte de derechos. Lisa y llanamente. Unos y otros como siempre hace la burguesía, manipular al pueblo.

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