Los resultados del indicador AROPE muestran que más de diez millones y medio de personas en España, un 23.4% de la población, están en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.Frente al objetivo de reducción de la pobreza del 25% que plantea la estrategia Europa 2020. en nuestro país es necesaria una profunda transformación en la configuración de las políticas sociales. Como las competencias de la mayor parte de las políticas sociales están transferidas a las comunidades autónomas, es en ese nivel en el que se tienen que definir nuevas estrategias de afrontamiento del objetivo de reducción de la pobreza. El índice de pobreza y exclusión para Europa es del 23,1%2; España se encuentra sobre esa media, con un 23,4%, en el puesto número 11 de la Europa de los 27, con la cifra más alta de los últimos 3 años (23,1 en 2007 y 22,9 en 2008). La media española se sitúa con un 23,4%, las diferencias entre comunidades varían en más de 30 puntos porcentuales entre el valor mínimo y el máximo. Los datos dan cuenta de la enorme desigualdad existente entre unos territorios y otros.
La Estrategia Europa 2020 define un nuevo indicador de personas que viven en situación o riesgo de pobreza y exclusión social; se consideran personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social a aquellas que viven con bajos ingresos (60% de la mediana del ingreso equivalente1), y/o las que sufren de privación material severa (4 de los 9 ítem definidos a nivel europeo) y/o las que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula. Este grupo de personas en Riesgo de Pobreza y Exclusión se denomina AROPE, en sus siglas en inglés (At Risk Of Poverty and/or Exclusion). Existe el riesgo que en un contexto de crisis económica como el actual, el cumplimiento de los objetivos de reducción de la pobreza de la Estrategia 2020 queden supeditados al logro de la estabilización económica; sin embargo, este es precisamente el mejor momento de llevar a cabo medidas decisivas en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Estas medidas tienen además un carácter de urgente: 10.665.615 ciudadanos se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión y padecen los efectos más amargos de la crisis. La desigualdad, la pobreza y la exclusión social deterioran la cohesión social y ponen en cuestión los principios y valores de una sociedad democrática. La inclusión social debe estar en el centro de la agenda de nuestro país, son necesarios, por tanto, profundos cambios en nuestro modelo económico y de sociedad, de tal manera que la economía esté al servicio del desarrollo social y del bienestar de las personas, optando así por una manera de crecer más justa y equitativa.(El umbral de la pobreza en 2009 de acuerdo con la ECV 2009 estaba en 7.980 euros al año, que se adecúa dependiendo del número de personas en el hogar).Ante esta situacion seria muy importante que el empleo publico se destinara en un 50% a subsanar situaciones sociales de riesgo de exclusion social por paro estructural prioritariamente de parados y precarios, se establecerian bolsas en las que se rotaria para que trabajaran todos/as y salir así de la desesperacion al menos, el criterio para establecer estas bolsas de empleo publico seria prioritariamente el de necesidad entre otros.
José Maria Domínguez
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